Nuestro socio, Edgar Neira Orellana, asumió la defensa del presidente constitucional de la República Guillermo Lasso Mendoza el pasado 6 de abril en el juicio político cuya primera etapa se sustanció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
Como abogado litigante y experto en Derecho Administrativo, Constitucional y arbitrajes, ha impulsado en defensa de sus clientes acciones judiciales complejas, de trascendencia en el medio, con el apoyo del equipo de profesionales de la firma.
La estrategia de defensa al primer mandatario comprendió la evaluación de todas las debilidades y contradicciones de la acusación política, la organización de las pruebas documentales y testimoniales que abundaban en su inocencia, la presentación de tales pruebas y la elaboración de los alegatos de cierre con el apoyo de los abogados que integran la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
En el trabajo comprometido para la defensa del presidente de la República fue fundamental, en la estrategia del Dr. Neira Orellana, precautelar el buen nombre y el honor de su representado, cuidar la confianza y la credibilidad en la gestión profesional y precautelar especialmente la integridad de principios éticos y de los que inspiran al sistema legal en su conjunto, dada la naturaleza de este enjuiciamiento.
En la etapa final de este proceso, el día martes 19 de mayo, el Presidente acudió a la Asamblea Nacional para defender su inocencia, y ante la grave crisis política provocada por los legisladores, decidió disolver la Asamblea Nacional y, simultáneamente, disponer que el Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones, todo esto al amparo de lo previsto en el art. 148 de la Constitución y en el marco de un estricto respeto a las instituciones democráticas, tal como ha ratificado ya la Corte Constitucional.
El Dr. Neira y su equipo encontraron los argumentos constitucionales apropiados para acertar en la mejor defensa y su trabajo nos recuerda que la separación de poderes y el respeto a la Constitución son esenciales para sentar las bases del Estado de Derecho y el régimen democrático.
La constitucionalidad y los principios éticos en el ejercicio de la función pública son principios fundamentales del sistema democrático, cuando estas líneas orientan el trabajo profesional se asegura la justicia, la estabilidad institucional y un mejor porvenir para el Ecuador.
